Por este motivo, el Consejo de Gobierno aprobaba ayer un importante decreto que modifica tres leyes que regulan los derechos y deberes de las personas en cuanto al acceso a una vivienda. Una de las modificaciones más significativas de este decreto afecta a los jóvenes. Y es que la Junta garantiza una ayuda económica durante un máximo de seis meses a aquellos jóvenes que estén pagando la hipoteca de una vivienda y se hayan quedado sin trabajo.

Para poder acceder a esta ayuda, el joven deberá firmar un contrato con la entidad de ahorro con la que tiene suscrito el préstamo y quienes facilitarán la ayuda. La Junta abonará esa cantidad a la caja o banco.

Asimismo, este decreto modifica la adquisición, promoción y arrendamiento protegido de la vivienda de precio limitado, de tal forma que la Junta incorpora la adquisición de  viviendas libres como nueva actuación protegida, con lo que amplia el número de familias que se pueden beneficiar de este tipo de hogares. Se modifica el precio en segunda y posteriores transmisiones en consonancia con el resto de las transmisiones de viviendas protegidas. El decreto regula el programa Reserva de Viviendas Vacías para Alquiler, denominado Revival, por el que se flexibilizan los requisitos relativos a los ingresos de cada familia. De tal forma, que el límite mínimo de 1,5 veces de los ingresos mínimos por persona para acceder al alquiler de vivenda protegida no se corrige y tampoco se tendrá en cuenta ni el número de miembros de la unidad familiar ni su ámbito geográfico. El consejero de la Presidencia y portavoz de la junta, José Antonio de Santiago-Juárez, destacaba la importancia de este decreto, «que supone un gran y necesario avance en los derechos de acceso a una vivienda digna».

Ley de Universidades - Por otra parte, el Consejo de Gobierno daba luz verde también al proyecto de Ley de Universidades de Castilla y León que se adapta a la Ley Orgánica de Universidades (LOU), y que, entre otras cosas, las facultades, escuelas técnicas o politécnicas superiores y escuelas universitarias, pasan a denominarse «Escuelas y Facultades».

También se configura la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León como ente público de derecho privado. Y deja de ser obligatorio que los centros universitarios privados se integren en una universidad privada como centros propios de la misma o adscritos a una pública. Así, los centros podrán adscribirse a universidades privadas mediante convenios